El Gobierno de Estados Unidos y 49 fiscales generales han llegado a un acuerdo "sin precedentes" con los cinco mayores administradores de hipotecas del país, mediante el cual abonarán 25.000 millones de dólares (18.799 millones de euros) por los abusos cometidos en las ejecuciones hipotecarias y en los servicios de préstamos.
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Suburbio americano de viviendas. |
El acuerdo aporta un sustancial "alivio financiero" a los propietarios y establece "significativas" nuevas medidas de protección para el futuro. Además, se trata del mayor acuerdo civil jamás alcanzado y es el resultado de las amplias investigaciones de las agencias federales, los fiscales y los reguladores del sector bancario.
En concreto, las cinco entidades con las que ha llegado a un acuerdo el Gobierno estadounidense son Bank of America, JP Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Company, Citigroup y Ally Financial, antiguamente conocido como GMAC.
Del importe total, 17.000 millones de dólares (12.788 millones de euros) irán directamente a los clientes de las entidades, en forma principalmente de reducción de intereses, menor deuda hipotecaria u otros tipos de ayudas o modificaciones de sus préstamos.
Asimismo, se destinarán alrededor de 3.000 millones de dólares (2.256 millones de euros) a refinanciar las deudas en nuevos préstamos menos costosos, mientras que los 5.000 millones de dólares (3.760 millones de euros) restantes se destinarán a una cuenta de los programas estatales y federales que compensará a los propietarios afectados por estas prácticas.
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17.000 millones de dólares irán directamente a los clientes de las entidades bancarias afectados
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El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, subrayó que este acuerdo es el resultado de una coordinación sin precedentes entre diferentes organismos y obliga a los responsables de "prácticas abusivas" a destinar más de 20.000 millones de dólares (15.036 millones de euros) al alivio financiero de los clientes.
Así, añadió que, como consecuencia, los propietarios en problemas de todo el país podrán beneficiarse de unos reducidos intereses y una refinanciación de los préstamos. Además, el acuerdo exige cambios "sustanciales" en la forma de hacer sus negocios, que ayudarán a garantizar que "no se repiten los abusos del pasado".
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