Redacción fotocasa.es
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10/09/2008
, 13:14h
Esto permitirá a los promotores inmobiliarios ampliar los plazos de sus préstamos para construcción de viviendas a cambio de que pongan éstas en el mercado del alquiler durante un periodo determinado de tiempo. Con esta medida de intermediación se prevé dar salida a unas 25.000 viviendas en alquiler en 2008.
El presidente ha avanzado que el Ejecutivo autorizará las presencia de sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, que gozarán de un "régimen fiscal favorable", impulsando el mercado del alquiler, facilitando el acceso a la inversión en inmuebles al pequeño y mediano ahorrador y aportando liquidez al sector.
Al respecto, desde el Gabinete de Beatriz Corredor se ha precisado que estas ventajas fiscales consistirán en una "exención del pago de Impuesto sobre Sociedades" y una mayor "transparencia tributaria" para el pequeño inversor. Asimismo, apuntan que el marco regulatorio que se pondrá en marcha obligará a que el 90% de los beneficios se tenga que entregar a los inversores como dividendos.
Por último, el Ministerio de Vivienda afirma que se encuentra negociando con las comunidades autónomas la posibilidad de eliminar la limitación temporal (actualmente de un año) para que una vivienda pueda ser considerada protegida.
Otra de las estrategias del Gobierno para afrontar el 'parón' de la construcción será el desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) con "igual o superior intensidad" que hasta ahora, asegura Zapatero. Así, descontando la inversión excepcional en 2007 para al Plan de Acondicionamiento de las autovías de primera generación, el ejercicio 2008 cerrará con un nivel de licitación un 11% superior al del pasado año, con más de 15.400 millones de euros.
Además, el presidente afirma que la inversión en infraestructuras crecerá por encima del promedio del incremento del gasto público en 2009. Zapatero destacó la voluntad de "austeridad" del Gobierno y recordó que el gasto público previsto en la cuentas para el próximo año no superará el 3,5%, inferior al límite aprobado por el Congreso en junio, del 5%.
